La digitalización del sector público en España ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un eje estratégico que atraviesa políticas públicas, gestión administrativa y la relación con la ciudadanía.
En este contexto, la transformación digital de la administración pública implica no solo tecnología, sino también cambios en la cultura organizativa, los procesos y la relación con el ciudadano.
Hablamos con Enma López, “player político” sobre los principales retos, aprendizajes recientes y decisiones pendientes en materia de digitalización pública.
Una conversación que pone el foco en la eficiencia, la equidad, la confianza y el papel de las instituciones en este proceso.
¿Cuál dirías que es hoy el principal cuello de botella en la digitalización del sector público en España?
Desde su experiencia, López apunta a un equilibrio complejo: “Muchos procedimientos administrativos son, por definición, garantistas. Eso hace que la digitalización no sea tan rápida como a veces se espera”.
Lejos de simplificar el problema, Enma nos introduce un matiz relevante, no siempre se trata de acelerar, de ir más rápido, sino de hacer realmente bien las cosas. “Hay casos donde una mala configuración o una base de datos deficiente genera más problemas que soluciones. La digitalización exige rigor”.
Sin embargo, también reconoce que existen ejemplos que demuestran que otra velocidad es posible. “Durante la pandemia vimos procesos que se resolvían en días gracias al uso de tecnología. Eso evidencia que, en situaciones críticas, la administración puede y debe ser ágil”.
El reto, además y según apunta la edil, no es solo técnico, sino también comunicativo: “Tenemos que avanzar hacia un lenguaje más claro, más cercano al ciudadano, sin perder la seguridad jurídica. Y ahí la inteligencia artificial puede jugar un papel importante”.
¿Dónde crees que se está poniendo demasiado foco… y dónde falta ambición?
López lo tiene claro: la principal preocupación es que la digitalización genere nuevas desigualdades.
“La clave está en que este proceso sirva para redistribuir oportunidades, no para ampliarlas solo para quienes ya están en mejor posición”. En su opinión, la atención no debería estar únicamente en la adopción tecnológica, sino en sus consecuencias sociales.
En ese sentido y persiguiendo ese objetivo, la digitalización del sector público en España no puede entenderse sin el impulso extraordinario que han supuesto los fondos Next Generation EU, articulados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Bajo la coordinación de organismos como el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y con instrumentos como los PERTE o la Agenda España Digital 2026, se ha desplegado una hoja de ruta que combina inversión, reforma normativa y modernización estructural.
Este esfuerzo se ha apoyado también en marcos legales y operativos ya consolidados, como las Leyes 39/2015 y 40/2015, el Esquema Nacional de Interoperabilidad o el Esquema Nacional de Seguridad, además de iniciativas concretas como el Kit Digital o plataformas como Acelera pyme. Todo ello ha contribuido a acelerar proyectos, reforzar capacidades y sentar las bases de una administración más conectada, eficiente y orientada al dato.
Si quieres conocer más profundamente el contexto y contenido del Esquema Nacional de Seguridad, clica en este otro artículo.
¿Qué aprendizajes nos han dejado los fondos Next Generation para la digitalización del sector público?
La valoración es, en general, positiva: “Han sido una herramienta clave para impulsar la recuperación tras la crisis de 2020, con un enfoque claramente expansivo que ha funcionado”.
Sobre la ejecución de los instrumentos financieros asociados a los fondos europeos, la lectura que se hace desde dentro es menos crítica de lo que a veces se proyecta. “No creemos que haya áreas de mejora relevantes en este ámbito”, señala, subrayando que la clave no ha estado en una limitación de la gestión, sino en una decisión estratégica.
En este sentido, nos explica que España no ha recurrido a los préstamos disponibles porque “en el mercado de capitales, dada la buena situación financiera del país, resulta más económico obtener financiación”. Un planteamiento que contrasta con el de otros Estados miembros, para los que estos instrumentos sí han sido especialmente ventajosos. “No tiene que ver con endeudarse más o menos, sino con el coste al que se realiza ese endeudamiento”, nos puntualiza.
Más allá de los aspectos técnicos, esta valoración introduce una reflexión de mayor calado sobre el papel de los fondos europeos en la salida de la crisis. “El gran aprendizaje es que hay otra forma de afrontar la crisis distinta de la austeridad”, destaca.
¿Estamos digitalizando para la administración o realmente para el ciudadano?
Para López, la orientación es clara: “Ahora ya se está pensando en el ciudadano, y hay ejemplos muy evidentes”.
Recuerda cómo ha evolucionado algo tan cotidiano como la vida laboral: “Hace años implicaba citas presenciales, esperas y envíos postales. Hoy puede resolverse en minutos”. Lo mismo ocurre con la declaración de la renta: “El paso del programa PADRE al borrador automático es un ejemplo claro de simplificación pensada para el usuario”.
“Es importante reconocer estos avances, añade, porque marcan el camino de lo que debe seguir mejorando”.
Cuando hablamos de acercar la administración surge rápido en la conversación la temida brecha digital tanto por cuestiones generacionales como territoriales en nuestro país.
¿Qué políticas pueden evitar que la digitalización aumente la brecha?
Aquí el papel de las administraciones territoriales resulta clave. “Ayuntamientos y diputaciones están siendo fundamentales, especialmente en zonas rurales o con población más envejecida”.
Destaca dos palancas principales: infraestructura y formación. “La extensión de la conectividad, fibra, 5G o soluciones satelitales, es esencial, pero igual de importante es acompañarla con capacitación”.
También subraya la necesidad de colaboración entre administraciones: “No se puede trabajar en silos. La ventanilla única, apoyada en tecnologías como la inteligencia artificial, van a suponer un gran avance en este sentido”.
¿Qué referencias internacionales nos están marcando el camino?
España, en su opinión, no solo mira fuera para copiar de los mejores o más adelantados, sino que también es referente en algunos ámbitos. “El desarrollo de servicios como la carpeta ciudadana o los avances en identidad digital muestran un camino sólido”.
Aun así, reconoce que queda trabajo por hacer en difusión: “Muchas herramientas ya existen, pero no siempre son conocidas por la ciudadanía. Ahí la comunicación también es una política pública”.
“La tecnología no es el mayor obstáculo”, afirma con claridad. “El verdadero reto está en la gestión del cambio”.
En los próximos años, además, se producirá una renovación generacional importante dentro de la administración. “Eso abre una ventana de oportunidad, pero también exige acompañamiento y formación continua”.
Rompe, además, con un tópico habitual: “No es una cuestión de edad. Entre los servidores públicos hay perfiles muy diversos en cuanto a adopción digital. Simplificarlo en generaciones es un error”. Ella misma es funcionaria pública de carrera y conoce bien el contexto y la realidad.
¿Cómo atraer y retener talento digital en el sector público?
López rechaza la idea de que la administración esté perdiendo atractivo: “Existe una vocación de servicio público muy fuerte. Quien entra sabe que quizá no tendrá los salarios del sector privado, pero sí la oportunidad de generar impacto”.
A esto se suma la estabilidad y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional con sentido. “No todo es una cuestión económica”.
¿Qué papel juegan los perfiles híbridos?
“Son imprescindibles”, afirma. “La transformación digital necesita perfiles que entiendan la tecnología, pero también la comunicación, la estrategia y el funcionamiento interno de la administración”.
En este punto, destaca el valor del conocimiento acumulado: “La promoción interna y la experiencia son activos clave para que este proceso funcione”.
¿Qué medidas deberían estar en la próxima agenda política?
Más allá de grandes proyectos, López apuesta por cambios muy concretos: “Uno de los avances más importantes sería evitar que el ciudadano tenga que presentar información que la administración ya posee”.
También insiste en aumentar la operabilidad en los procesos: “Que sean claros, que se sepa qué hay que hacer, que sea rápido y que no obligue a repetir pasos innecesarios al ciudadano”.
¿Cómo imaginas la relación entre ciudadano y administración en cinco años?
Su visión es clara: “Una relación más comprensible, más cercana y basada en la confianza”.
“La administración debería percibirse como un aliado, no como una barrera burocrática. Un elemento facilitador en la vida del ciudadano”.
Si tuvieras que señalar una decisión valiente que aún no se está tomando y que crees sería totalmente necesaria para avanzar, ¿cuál sería?:
López apunta directamente a uno de los colectivos más sensibles a la carga administrativa: “Simplificar de forma real las obligaciones de autónomos y pequeñas empresas. Reducir trabas, eliminar duplicidades y hacer más sencillo el cumplimiento administrativo tendría un impacto inmediato en la actividad económica”.